miércoles, 21 de marzo de 2018

Presidente del Perú 2016-2018 renuncio

Declaraciones de Enrique Bernales especialista en Derecho Constitucional, entrevistado por el diario peru21 el 20 de marzo de 2018, por el periodista Ricardo Monzón Kcomt

¿Qué se entiende por vacancia por causal de "Incapacidad moral permanente"?
El concepto es amplio. Puede ser la imposibilidad de asumir responsabilidades de gobierno, puede significar que una persona tiene una conducta incorrecta contraria a lo que espera de un presidente; puede significar vicios en la personalidad del presidente.
En la medida que no se pueda definir, se entiende que la esencia de la incapacidad moral es una decisión de carácter político.

¿La decisión queda a discreción del Congreso?
Pero no es una discreción absoluta, porque debe haber elementos de juicio que lleven a la conclusión de que quien está ejerciendo la presidencia no está en capacidad de garantizarle al país tranquilidad atención, concentración en los intereses nacionales, etc. etc. Frente a ello quienes conforman el Parlamento, autorizados por la propia Constitución, toman la decisión de vacar. Desde el punto de vista de la opción constitucional, una decisión de vacancia es correcta en la medida que la persona que se va a vacar ha perdido mérito y calidad para continuar en el cargo.

Pero es una causal muy subjetiva, meramente política.
La Constitución está llena de apreciaciones subjetivas. Los propios derechos humanos tienen un largo contenido subjetivo. En el derecho nada puede objetarse por las subjetividades, que son la consecuencia de la voluntad de la persona.

¿No es necesario precisar qué es "incapacidad moral"?
Es que no se pueden confundir las cosas. La Constitución no es un código de derecho penal ni tributario; es la ley de leyes y, por consiguiente, presenta ciertos conceptos que las instituciones tienen la obligación de desarrollar, de conformidad con el principio de legalidad, de proporcionalidad, etc. etc. Lo que sucede es que en el Perú se conoce muy poco la Constitución.

¿Y los congresistas?
Incluyo a congresistas, jueces, fiscales, funcionarios. No tienen una adecuada formación de carácter constitucional.

¿El presidente tampoco? El domingo sostuvo que, de concretarse la vacancia, sería un "golpe de Estado"
Bueno, eso no pasa de ser una opinión en una circunstancia difícil. El señor Kuczynski ha estudiado economía, comercio internacional. El es un financista y no ha vivido en el Perú mucho tiempo. Entonces, decir que conoce poco la Constitución no es faltarle el respecto, es constatar un hecho.

La canciller Cayetana Aljovín dijo que la vacancia por incapacidad moral permanente se aplica a un presidente que sufre de una alteración mental. ¿Esto es correcto?
Hay enfermedades, y no solo mentales, que pueden incapacitar al presidente, pero reducir la incapacidad moral a enfermedades mentales... francamente, ni en el siglo XVIII se pensaba así.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz dijo que la vacancia funciona en caso de enfermedad o muerte del presidente.
Son opiniones que están en el contexto de una situación de crisis. Yo, sin faltarle al respecto, le digo que veo a la señora Aráoz muy nerviosa, muy exaltada, y no siempre controlando bien las cosas que dice. Enuncia conceptos equivocados, pierde los papeles, ofende. Yo creo que debería observar alguna regla de silencio, porque no lo está haciendo bien.

¿Martin Vizcarra debe asumir la Presidencia o debe renunciar si PPK es vacado? De ambos lados se invoca a la lealtad. Por un lado, la lealtad del país que lo eligió y, del otro, la lealtad al presidente por el cual postuló. ¿Que debe primar?
Es evidente que hay un sector que quiere poner trabas al posible ascenso del señor Vizcarra a la Presidencia, pero si se da una situación como la vacancia, es obvio que él está obligado por la Constitución a jurar el cargo y punto. Todo lo demás son especulaciones, posiciones de defensa y ataque que no tienen nada que ver. En la historia política del Perú, hay muchos vicepresidentes que han tenido que acceder a la Presidencia en situaciones complejas y difíciles. Para eso existe e cargo, para evitar el caos, el desorden.

¿Qué opina de la modificación del Congreso a su reglamento, el 8 de marzo, en lo referido a la moción de censura y la cuestión de confianza?
Lo acordado por el Congreso es un exceso, porque son reformas que tendrían que darse en la Constitución. El Reglamento del Congreso no es un instrumento adecuado para estas medidas.

Hace una semana, Víctor García Toma dijo a Perú21 que ni siquiera a través de la Constitución podía hacerse, sino solo con un Congreso Constituyente.
No, mi colega está equivocado. Una reforma constitucional parcial se puede hacer por este Congreso o convocando a un Congreso Nacional Constituyente dentro de los alcances del artículo 206 de la Constitución. Desgraciadamente, la Constitución no autoriza la existencia de una Asamblea Constituyente para que sea la autora de un cambio constitucional.

¿El gabinete podría, para evitar la vacancia, presentar una cuestión de confianza para forzar la crisis total del gabinete y, ya habiendo sido censurado el equipo de Fernando Zavala, disolver el Congreso para convocar a elecciones?
No hay que desesperarse hasta llegar al nivel de la tontería. La vacancia es una opción constitucional que no se puede interferir con el voto de confianza.

PRESENTACIÓN
Soy profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Grenoble, Francia. He sido primer vicepresidente del Senado, senador desde 1980, durante tres periodos hasta 1992, y relator de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU)"
"La Constitución requiere un conocimiento muy profundo porque es un documento pluridisciplinario, pluricultural, pluriétnico. Hay que estudiar a fondo la Constitución. Eso no se hace. Muchos veces on los propios abogados que no conocen la Constitución"
"En situaciones dificiles y complicadas, el señor Johnson asumió la presidencia por Kennedy; en Brasil, Temer sucedió a Dilma Rousseff. En Ecuador, en Bolivia, en todas partes siempre hay un vicepresidente para asumir en situaciones difíciles y nunca pasó nada, porque se aseguró la sucesión constitucional"

domingo, 4 de febrero de 2018

ECUADOR: Referendum 04 febrero 2018

Son siete las preguntas que determinarán si el Señor Correa podrá postular el 2021, nuevamente a la Presidencia de Ecuador.

PRIMERA PREGUNTA
"¿Esta usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República de Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país,con la pérdida de sus bienes"?

SEGUNDA PREGUNTA
"¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi (vigente) y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015"?

TERCERA PREGUNTA
"¿Está usted de acuerdo con enmendar la Consitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos"?

CUARTA PREGUNTA
"¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República de Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?"

QUINTA PREGUNTA
"¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos"?

SEXTA PREGUNTA
"¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como "Ley de Plusvalía"?

SÉPTIMA PREGUNTA 
"¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuni de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?"

Las preguntas están sustentadas con anexos, que algunos ciudadanos la llaman "la letra chica" de la consulta y que se encuentra en el anverso de la papeleta de votación.
Las dos últimas preguntas son de consulta popular y de ser aprobadas significa modificaciones a leyes vigentes o nuevos postulados en normativas.

lunes, 8 de enero de 2018

2017-2018 Comisión Ordinaria-Constitución y Reglamento

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Comisión Ordinaria
Constitución y Reglamento
2017-2018

Presidenta:      
Letona Pereyra, María Ursula   de Fuerza Popular

Vicepresidente:
Lapa Inga, Zacarías Reymundo de Frente Amplio Justicia, Vida y Libertad

Secretario:
Dominguez Herrera, Carlos Alberto de Fuerza Popular

Titulares:

  1. Torres Morales, Miguel Angel de Fuerza Popular
  2. Trujillo Zegarra, Gilmer de Fuerza Popular
  3. Becerril Rodríguez, Héctor Virgilio de Fuerza Popular
  4. Castro Grández, Miguel Antonio de Fuerza Popular
  5. Alcorta Suero, Lourdes de Fuerza Popular
  6. Bartra Barriga, Rosa María de Fuerza Popular
  7. Takayama Jiménez, Liliana Milagros de Fuerza Popular
  8. Zeballos Salinas, Vicente Antonio (Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  9. Violeta López, Gilbert Félix  de Peruanos por el Kambio
  10. Acuña Núñez, Richard Frank de Alianza para el Progreso
  11. Velasquez Quesquén, Angel Javier de Célula Parlamentaria Aprista
  12. Lescano Ancieta, Yonhy de Acción Popular
  13. Vilcatoma de la Cruz, Yeni sin agrupación
  14. Quintanilla Chacón, Alberto Eugenio de Nuevo Perú

ACCESITARIA:

  1. Echevarría Huamán, Sonia Rosario de Fuerza Popular
  2. Beteta Rubín, Karina Juliza de Fuerza Popular
  3. García Jiménez, Maritza Matilde de Fuerza Popular
  4. López Vilela, Luis Humberto de Fuerza Popular
  5. Monterola Abregu, Wuilian de Fuerza Popular
  6. Reátegui Flores, Rolando de Fuerza Popular
  7. Salgado Rubianes, Luz Filomena de Fuerza Popular
  8. Figueroa Minaya, Modesto de Fuerza Popular
  9. Galarreta Velarde, Luis Fernando de Fuerza Popular
  10. Melgarejo Páucar, María Cristina de Fuerza Popular
  11. Salazar Miranda, Octavio Edilberto de Fuerza Popular
  12. Salaverry Villa, Daniel Enrique de Fuerza Popular 
  13. Vergara Pinto, Edwin de Fuerza Popular
  14. Arimborgo Guerra, Tamar de Fuerza Popular
  15. Martorell Sobero, Guillermo Hernán de Fuerza Popular
  16. Ushñahua Huasanga, Glider Agustín de Fuerza Popular
  17. De Belaunde de Cárdenas, Alberto ( Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  18. Costa Santolalla, Gino Francisco  (Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  19. Sheput Moore, Juan de Peruanos por el Kamio
  20. Donayre Pasquel, Patricia Elizabeth de Peruanos por el Kambio
  21. Ismael Flores, Hernando Ismael de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
  22. Arana Zegarra, Marco Antonio de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
  23. Rosas Huaranga, Julio Pablo de Alianza para el Progreso
  24. Espinoza Cruz, Marisol de Alianza para el Progreso
  25. Mulder Bedoya, Mauricio de Célula Parlamentaria Aprista
  26. García Belaúnde, Víctor Andrés de Acción Popular
  27. Glave Remy, Marisa de Nuevo Perú
  28. Canzio Alvarez, Mario José de Nuevo Perú
  29. Huilca Flores, Indira Isabel de Nuevo Perú






lunes, 1 de enero de 2018

Naciones Unidas y Crímenes de lesa humanidad

Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad


La Asamblea General,

    Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972,
    Teniendo en cuenta la necesidad especial de adoptar, en el plano internacional, medidas con el fin de asegurar el enjuiciamiento y el castigo de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad,
    Habiendo examinado el proyecto de principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad,
    Declara que las Naciones Unidas, guiándose por los propósitos y principios enunciados en la Carta referentes al desarrollo de la cooperación entre los pueblos y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, proclaman los siguientes principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad:
    1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.
    2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
    3. Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin.
    4. Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y, en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo.
    5. Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes. A este respecto, los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas.
    6. Los Estados cooperarán mutuamente en la compilación de informaciones y documentos relativos a la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento de las personas a que se refiere el párrafo 5 supra e intercambiarán tales informaciones.
    7. De conformidad con el artículo 1 de la Declaración sobre el Asilo Territorial, de 14 de diciembre de 1967, los Estados no concederán asilo a ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
    8. Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.
    9. Al cooperar para facilitar la identificación, la detención, la extradición y, en caso de ser reconocidas culpables, el castigo de las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la ejecución de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, los Estados se ceñirán a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
CASO FUJIMORI
El representante regional para América del sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, lamentó la gracia presidencial que benefició a Alberto Fujimori Fujimori.

"La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos"

Destacó que la sentencia de 25 años que recibió Fujimori en el año 2009 "Marco un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos"
"Las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad"

Recordó que el alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó nuestro país en octubre pasado (2017)y que entonces él recomendó que se involucre a la comunidad internacional en el tema de un eventual indulto de Alberto Fujimori, por los crímenes que este cometió y la gravedad de su caso.

"En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación", puntualizó el señor Incalcaterra.


CRONOLOGÍA DEL CASO DE ALBERTO FUJIMORI

Caso pendiente. La Corte Suprema de Chile autorizó ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que sea procesado por la ejecución extrajudicial de seis campesinos de Pativilca.
29 de enero de 1992
En la madrugada, miembros del Destacamento Militar Colina sacaron de sus viviendas a seis pobladores de los anexos Pampa San José y Carequeño, ubicados en la provincia limeña de Pativilca.

30 de enero de 1992
Por la tarde, en un cañaveral cercano, aparecieron dos cadáveres del estudiante de 18 años John Calderón Ríos; los agricultores Toribio Ortiz Aponte (22), Felandro Castillo Manrique (38) y César Rodríguez Esquivel (29); el chofer Pedro Agüero (35) y el profesor Ernesto Arias Velásquez (17). Tenían evidentes huellas de tortura y orificios de bala en sus cabezas.

15 de noviembre 2011
Se formalizó denuncia contra Alberto Fujimori como autor mediato y el 5 de junio de 2012 se dictó auto de procesamiento, iniciándose la etapa de instrucciones ante el Tercer Juzgado Supraprovincial.

19 de octubre 2015
El entonces presidente Ollanta Humala firmó la resolución suprema para iniciar el proceso por vía diplomática ante Chile a fin de que amplíe las causales de extradición de Fujimori por este caso.

20 de febrero de 2017
El ministro de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco, concedió que se pueda juzgar la Fujimori por el caso Pativilca. Lo que en junio fue confirmado por la II Sala del máximo tribunal chileno.

INDULTO OTORGADO el 24 de diciembre 2017
El último domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori y la decisión todavía genera rechazo en las organizaciones nacionales e internacionales.

Human Rights Watch fue el primero en manifestarse en contra del indulto.

José Miguel Vivanco, director de dicha organización, ha recordado lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución sobre la matanza ejecutada en Barrios Altos.
“el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones a  los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso”(Barrios Altos)

“Los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado”, se lee en la resolución.
Fuente




sábado, 30 de diciembre de 2017

Nelson Caucoto abogado en Derechos Humanos


Especialista Chileno en Derechos Humanos, por los casos de personas desaparecidas, torturadas, etc.etc. el sostiene:(20/07/2010)


“En materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad no puede haber indulto alguno. Ni el Presidente Piñera, ni la Iglesia Católica  ni el conjunto de las iglesias evangélicas, ni el Congreso Nacional ni ninguna autoridad de cualquier naturaleza, puede conceder indultos a criminales de los derechos humanos. Así de absoluto, categórico y preciso”, dijo.
El jurista explicó que:
 “Chile tiene una carta política y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en la Constitución, que establece en su artículo 15 la vigencia de los tratados internacionales y del derechos internacional humanitario en general. El derecho internacional también se compone del derecho de gentes, que es más antiquísimo que el de los tratados, donde ya se consagraba, desde hace mucho tiempo, la necesidad de no establecer plazos de prescripción o plazos que puedan permitir la impunidad a los violadores de derechos humanos”.
De hecho, el 3 de diciembre de 1973, en los albores de la dictadura militar, nuestro país suscribió  una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada “Principio de cooperación internacional para la identificación, detención, extradición y castigo a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad” y, según Caucoto,  este hecho marcó la forma en que se debía actuar de ahí en adelante en esta materia.
“Desde ese punto de vista uno entiende que conceder el indulto implica quebrar esta obligación de detención, enjuiciamiento y castigo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad porque una iniciativa como esta puede significar la condonación de toda la pena o de una condonación parcial.  Puede haber distintas maneras de entender el indulto, pero siempre va a haber un menoscabo del castigo”, sostuvo el abogado.
En este sentido, Caucoto comentó que nuestro país debería seguir el camino que tomó Argentina, donde se  declararon inconstitucionales y se anularon todos los indultos otorgados a violadores de derechos humanos durante el gobierno de Menem.
“Fueron los tribunales argentinos los que comenzaron a declarar estos indultos inconstitucionales en la medida en que eran contrarios al derecho internacional. Después de eso, se tuvo que dictar una ley que declarara absolutamente nulo todos estos beneficios, ya que también se anularon las leyes de caducidad y de amnistía general. Con eso nos podemos dar cuenta que hay un camino que es bastante homogéneo y fundamentado en términos de que los indultos no pueden ser una resistencia o un obstáculo a que se imponga, precisamente, el derecho internacional en los crímenes de lesa humanidad”, argumentó.
Por lo mismo, Caucoto insistió en la necesidad de mantener y resguardar el concepto de imprescriptibilidad para este tipo de delitos.
“Eso significa que en cualquier lugar y en cualquier tiempo en que se hayan cometido estas afrentas a la humanidad, los autores debieran ser enjuiciados y castigados. La sanción debe ser ejemplar y debe tener consecuencias para las sociedades del presente y del futuro. De esa forma,  se pueden fijar claramente la función  que tiene la pena, que es prevenir para que el delincuente sepa lo que significó su actuar antijurídico e ilegítimo. Estos castigos también sirven para anunciarle a la sociedad que cualquiera que cometa estos delitos va a tener las mismas consecuencias sobre su persona en cuanto a la privación de la libertad y del castigo que le va a imponer el Estado y ahí estamos en un nudo ciego que no se puede resolver ante estos indultos que se pregonan en la sociedad chilena”, aseguró.
De todas formas, el abogado destacó los avances que se han producido en materia de derechos humanos en los últimos sesenta años y afirmó que ya no hay punto de retorno.
“El tema de los derechos humanos es una lucha permanente por conseguir consensos básicos a nivel mundial  y la humanidad, sin darse cuenta, se subió a una locomotora que anda a mil kilómetros por hora y es un tren bala imparable porque todo lo que se viene hacia el futuro es una ampliación del catálogo de los derechos de las personas y de deberes de los Estados, lo que es muy significativo. En ese aspecto hay signos inequívocos de lo que hemos avanzado”, agregó.
En esa línea, Caucoto finalizó diciendo que “Los violadores a los derechos humanos no salen de vacaciones ni a Mendoza, ni a Lima ni a La Paz porque existe un cerco, una cárcel invisible, que no pueden traspasar sin tener que sufrir los efectos negativos de ser reconocido como un violador a los derechos humanos en el marco mundial. Eso demuestra la gran injerencia que tiene el derecho internacional”.





Fuente
Declaraciones de Nelson Caucoto

miércoles, 23 de agosto de 2017

Artículo N°1 al 19 Constitución Política de Ecuador

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nota: La Constitución Política de la República del Ecuador (1998) puede ser consultada en la sección histórica. ­ En aplicación a la reforma establecida en la Disposición Reformatoria Primera del Código Orgánico Integral Penal (R.O. 180­S, 10­II­2014), se sustituye la denominación de "Imputado" o "Imputados" por "Procesado" o "Procesados." PREÁMBULO NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana ­sueño de Bolívar y Alfaro­, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Título I
 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
Capítulo I
 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

 Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.

 Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. 

Capítulo II 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

 Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 
1. Las personas nacidas en el Ecuador. 
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 
3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

 Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:
1. Las que obtengan la carta de naturalización. 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. 3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.

 Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

Título II
 DERECHOS
 Capítulo I 
PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio­económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.  
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.  
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.
 Capítulo II 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
 Sección I 
AGUA Y ALIMENTACIÓN 
Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
Sección II 
AMBIENTE SANO
 Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

 Art.15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
Sección III 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

 Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma
limitada. 
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
Art. 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 
Sección IV 
CULTURA Y CIENCIA 

FUENTE
Fiel Web (www.fielweb.com) :: Ediciones Legales, 2016