lunes, 8 de enero de 2018

2017-2018 Comisión Ordinaria-Constitución y Reglamento

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Comisión Ordinaria
Constitución y Reglamento
2017-2018

Presidenta:      
Letona Pereyra, María Ursula   de Fuerza Popular

Vicepresidente:
Lapa Inga, Zacarías Reymundo de Frente Amplio Justicia, Vida y Libertad

Secretario:
Dominguez Herrera, Carlos Alberto de Fuerza Popular

Titulares:

  1. Torres Morales, Miguel Angel de Fuerza Popular
  2. Trujillo Zegarra, Gilmer de Fuerza Popular
  3. Becerril Rodríguez, Héctor Virgilio de Fuerza Popular
  4. Castro Grández, Miguel Antonio de Fuerza Popular
  5. Alcorta Suero, Lourdes de Fuerza Popular
  6. Bartra Barriga, Rosa María de Fuerza Popular
  7. Takayama Jiménez, Liliana Milagros de Fuerza Popular
  8. Zeballos Salinas, Vicente Antonio (Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  9. Violeta López, Gilbert Félix  de Peruanos por el Kambio
  10. Acuña Núñez, Richard Frank de Alianza para el Progreso
  11. Velasquez Quesquén, Angel Javier de Célula Parlamentaria Aprista
  12. Lescano Ancieta, Yonhy de Acción Popular
  13. Vilcatoma de la Cruz, Yeni sin agrupación
  14. Quintanilla Chacón, Alberto Eugenio de Nuevo Perú

ACCESITARIA:

  1. Echevarría Huamán, Sonia Rosario de Fuerza Popular
  2. Beteta Rubín, Karina Juliza de Fuerza Popular
  3. García Jiménez, Maritza Matilde de Fuerza Popular
  4. López Vilela, Luis Humberto de Fuerza Popular
  5. Monterola Abregu, Wuilian de Fuerza Popular
  6. Reátegui Flores, Rolando de Fuerza Popular
  7. Salgado Rubianes, Luz Filomena de Fuerza Popular
  8. Figueroa Minaya, Modesto de Fuerza Popular
  9. Galarreta Velarde, Luis Fernando de Fuerza Popular
  10. Melgarejo Páucar, María Cristina de Fuerza Popular
  11. Salazar Miranda, Octavio Edilberto de Fuerza Popular
  12. Salaverry Villa, Daniel Enrique de Fuerza Popular 
  13. Vergara Pinto, Edwin de Fuerza Popular
  14. Arimborgo Guerra, Tamar de Fuerza Popular
  15. Martorell Sobero, Guillermo Hernán de Fuerza Popular
  16. Ushñahua Huasanga, Glider Agustín de Fuerza Popular
  17. De Belaunde de Cárdenas, Alberto ( Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  18. Costa Santolalla, Gino Francisco  (Renuncio a Peruanos por el Kambio)
  19. Sheput Moore, Juan de Peruanos por el Kamio
  20. Donayre Pasquel, Patricia Elizabeth de Peruanos por el Kambio
  21. Ismael Flores, Hernando Ismael de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
  22. Arana Zegarra, Marco Antonio de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
  23. Rosas Huaranga, Julio Pablo de Alianza para el Progreso
  24. Espinoza Cruz, Marisol de Alianza para el Progreso
  25. Mulder Bedoya, Mauricio de Célula Parlamentaria Aprista
  26. García Belaúnde, Víctor Andrés de Acción Popular
  27. Glave Remy, Marisa de Nuevo Perú
  28. Canzio Alvarez, Mario José de Nuevo Perú
  29. Huilca Flores, Indira Isabel de Nuevo Perú






lunes, 1 de enero de 2018

Naciones Unidas y Crímenes de lesa humanidad

Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad


La Asamblea General,

    Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972,
    Teniendo en cuenta la necesidad especial de adoptar, en el plano internacional, medidas con el fin de asegurar el enjuiciamiento y el castigo de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad,
    Habiendo examinado el proyecto de principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad,
    Declara que las Naciones Unidas, guiándose por los propósitos y principios enunciados en la Carta referentes al desarrollo de la cooperación entre los pueblos y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, proclaman los siguientes principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad:
    1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.
    2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
    3. Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin.
    4. Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y, en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo.
    5. Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes. A este respecto, los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas.
    6. Los Estados cooperarán mutuamente en la compilación de informaciones y documentos relativos a la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento de las personas a que se refiere el párrafo 5 supra e intercambiarán tales informaciones.
    7. De conformidad con el artículo 1 de la Declaración sobre el Asilo Territorial, de 14 de diciembre de 1967, los Estados no concederán asilo a ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
    8. Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.
    9. Al cooperar para facilitar la identificación, la detención, la extradición y, en caso de ser reconocidas culpables, el castigo de las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la ejecución de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, los Estados se ceñirán a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
CASO FUJIMORI
El representante regional para América del sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, lamentó la gracia presidencial que benefició a Alberto Fujimori Fujimori.

"La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos"

Destacó que la sentencia de 25 años que recibió Fujimori en el año 2009 "Marco un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos"
"Las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad"

Recordó que el alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó nuestro país en octubre pasado (2017)y que entonces él recomendó que se involucre a la comunidad internacional en el tema de un eventual indulto de Alberto Fujimori, por los crímenes que este cometió y la gravedad de su caso.

"En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación", puntualizó el señor Incalcaterra.


CRONOLOGÍA DEL CASO DE ALBERTO FUJIMORI

Caso pendiente. La Corte Suprema de Chile autorizó ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que sea procesado por la ejecución extrajudicial de seis campesinos de Pativilca.
29 de enero de 1992
En la madrugada, miembros del Destacamento Militar Colina sacaron de sus viviendas a seis pobladores de los anexos Pampa San José y Carequeño, ubicados en la provincia limeña de Pativilca.

30 de enero de 1992
Por la tarde, en un cañaveral cercano, aparecieron dos cadáveres del estudiante de 18 años John Calderón Ríos; los agricultores Toribio Ortiz Aponte (22), Felandro Castillo Manrique (38) y César Rodríguez Esquivel (29); el chofer Pedro Agüero (35) y el profesor Ernesto Arias Velásquez (17). Tenían evidentes huellas de tortura y orificios de bala en sus cabezas.

15 de noviembre 2011
Se formalizó denuncia contra Alberto Fujimori como autor mediato y el 5 de junio de 2012 se dictó auto de procesamiento, iniciándose la etapa de instrucciones ante el Tercer Juzgado Supraprovincial.

19 de octubre 2015
El entonces presidente Ollanta Humala firmó la resolución suprema para iniciar el proceso por vía diplomática ante Chile a fin de que amplíe las causales de extradición de Fujimori por este caso.

20 de febrero de 2017
El ministro de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco, concedió que se pueda juzgar la Fujimori por el caso Pativilca. Lo que en junio fue confirmado por la II Sala del máximo tribunal chileno.

INDULTO OTORGADO el 24 de diciembre 2017
El último domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori y la decisión todavía genera rechazo en las organizaciones nacionales e internacionales.

Human Rights Watch fue el primero en manifestarse en contra del indulto.

José Miguel Vivanco, director de dicha organización, ha recordado lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución sobre la matanza ejecutada en Barrios Altos.
“el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones a  los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso”(Barrios Altos)

“Los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado”, se lee en la resolución.
Fuente




sábado, 30 de diciembre de 2017

Nelson Caucoto abogado en Derechos Humanos


Especialista Chileno en Derechos Humanos, por los casos de personas desaparecidas, torturadas, etc.etc. el sostiene:(20/07/2010)


“En materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad no puede haber indulto alguno. Ni el Presidente Piñera, ni la Iglesia Católica  ni el conjunto de las iglesias evangélicas, ni el Congreso Nacional ni ninguna autoridad de cualquier naturaleza, puede conceder indultos a criminales de los derechos humanos. Así de absoluto, categórico y preciso”, dijo.
El jurista explicó que:
 “Chile tiene una carta política y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en la Constitución, que establece en su artículo 15 la vigencia de los tratados internacionales y del derechos internacional humanitario en general. El derecho internacional también se compone del derecho de gentes, que es más antiquísimo que el de los tratados, donde ya se consagraba, desde hace mucho tiempo, la necesidad de no establecer plazos de prescripción o plazos que puedan permitir la impunidad a los violadores de derechos humanos”.
De hecho, el 3 de diciembre de 1973, en los albores de la dictadura militar, nuestro país suscribió  una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada “Principio de cooperación internacional para la identificación, detención, extradición y castigo a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad” y, según Caucoto,  este hecho marcó la forma en que se debía actuar de ahí en adelante en esta materia.
“Desde ese punto de vista uno entiende que conceder el indulto implica quebrar esta obligación de detención, enjuiciamiento y castigo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad porque una iniciativa como esta puede significar la condonación de toda la pena o de una condonación parcial.  Puede haber distintas maneras de entender el indulto, pero siempre va a haber un menoscabo del castigo”, sostuvo el abogado.
En este sentido, Caucoto comentó que nuestro país debería seguir el camino que tomó Argentina, donde se  declararon inconstitucionales y se anularon todos los indultos otorgados a violadores de derechos humanos durante el gobierno de Menem.
“Fueron los tribunales argentinos los que comenzaron a declarar estos indultos inconstitucionales en la medida en que eran contrarios al derecho internacional. Después de eso, se tuvo que dictar una ley que declarara absolutamente nulo todos estos beneficios, ya que también se anularon las leyes de caducidad y de amnistía general. Con eso nos podemos dar cuenta que hay un camino que es bastante homogéneo y fundamentado en términos de que los indultos no pueden ser una resistencia o un obstáculo a que se imponga, precisamente, el derecho internacional en los crímenes de lesa humanidad”, argumentó.
Por lo mismo, Caucoto insistió en la necesidad de mantener y resguardar el concepto de imprescriptibilidad para este tipo de delitos.
“Eso significa que en cualquier lugar y en cualquier tiempo en que se hayan cometido estas afrentas a la humanidad, los autores debieran ser enjuiciados y castigados. La sanción debe ser ejemplar y debe tener consecuencias para las sociedades del presente y del futuro. De esa forma,  se pueden fijar claramente la función  que tiene la pena, que es prevenir para que el delincuente sepa lo que significó su actuar antijurídico e ilegítimo. Estos castigos también sirven para anunciarle a la sociedad que cualquiera que cometa estos delitos va a tener las mismas consecuencias sobre su persona en cuanto a la privación de la libertad y del castigo que le va a imponer el Estado y ahí estamos en un nudo ciego que no se puede resolver ante estos indultos que se pregonan en la sociedad chilena”, aseguró.
De todas formas, el abogado destacó los avances que se han producido en materia de derechos humanos en los últimos sesenta años y afirmó que ya no hay punto de retorno.
“El tema de los derechos humanos es una lucha permanente por conseguir consensos básicos a nivel mundial  y la humanidad, sin darse cuenta, se subió a una locomotora que anda a mil kilómetros por hora y es un tren bala imparable porque todo lo que se viene hacia el futuro es una ampliación del catálogo de los derechos de las personas y de deberes de los Estados, lo que es muy significativo. En ese aspecto hay signos inequívocos de lo que hemos avanzado”, agregó.
En esa línea, Caucoto finalizó diciendo que “Los violadores a los derechos humanos no salen de vacaciones ni a Mendoza, ni a Lima ni a La Paz porque existe un cerco, una cárcel invisible, que no pueden traspasar sin tener que sufrir los efectos negativos de ser reconocido como un violador a los derechos humanos en el marco mundial. Eso demuestra la gran injerencia que tiene el derecho internacional”.





Fuente
Declaraciones de Nelson Caucoto

miércoles, 23 de agosto de 2017

Artículo N°1 al 19 Constitución Política de Ecuador

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nota: La Constitución Política de la República del Ecuador (1998) puede ser consultada en la sección histórica. ­ En aplicación a la reforma establecida en la Disposición Reformatoria Primera del Código Orgánico Integral Penal (R.O. 180­S, 10­II­2014), se sustituye la denominación de "Imputado" o "Imputados" por "Procesado" o "Procesados." PREÁMBULO NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana ­sueño de Bolívar y Alfaro­, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Título I
 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
Capítulo I
 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

 Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.

 Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. 

Capítulo II 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

 Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 
1. Las personas nacidas en el Ecuador. 
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 
3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

 Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:
1. Las que obtengan la carta de naturalización. 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. 3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.

 Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

Título II
 DERECHOS
 Capítulo I 
PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio­económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.  
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.  
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.
 Capítulo II 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
 Sección I 
AGUA Y ALIMENTACIÓN 
Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
Sección II 
AMBIENTE SANO
 Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

 Art.15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
Sección III 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

 Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma
limitada. 
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
Art. 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 
Sección IV 
CULTURA Y CIENCIA 

FUENTE
Fiel Web (www.fielweb.com) :: Ediciones Legales, 2016

jueves, 1 de septiembre de 2016

IV.-El Poder Ejecutivo Presidencial

 El autor es el Sr.Carlos Blancas Bustamante publicado en la Revista de PUCP pensamiento constitucional-1996:

La Constitución de 1993 mantiene y refuerza, en beneficio del Presidente, esta potestad, aligerando las condiciones para que pueda ejercerla. Así, habilita la disolución del Congreso -ahora unicameral- en caso que censure o niegue la confianza a dos Consejos de Ministros (en vez de los tres requeridos por la constitución anterior); suprime la limitación que permitía decretarla una sola vez durante el mandato presidencial, aunque mantiene el impedimento a la disolución del Congreso en el último año de éste y durante el estado de sitio; y extiende el plazo para la realización de las elecciones del nuevo Congreso a cuatro meses. Este, completa el período del congreso disuelto, pero podría, a su vez, ser disuelto, dando lugar a una nueva elección extraordinaria.

b. Significado de la disolución del Congreso en la Constitución peruana
En el régimen parlamentario, «El derecho de d!solución del parlamento y el voto de no confianza están juntos como el pistón y el cilindro en una máquina. Su respectivo potencial hace funcionar las ruedas del mecanismo parlamentario» 32.
 
El derecho de disolución permite al gobierno contrarrestar el poder del parlamento y en caso de conflicto entre ambos remitir su solución al electorado: 
«La disolución restablece el equilibrio de poderes: ante un voto de desconfianza de la Cámara, el Gabinete pronunciará la disolución y los electores serán llamados a decidir el conflicto.El arbitraje del pueblo por medio de las elecciones generales es así la piedra angular del régimen parlamentario» 33.
 
Lo que conviene destacar, si fuera necesario, es que la disolución del parlamento en el régimen parlamentario- implica, simultáneamente, la terminación del mandato del gobierno, pues una vez realizadas las elecciones se iniciará un nuevo período legislativo y de gobierno, sea que la oposición gane las elecciones o que el partido en el poder triunfe en esos comicios. Constituciopalmente, el parlamento resultante de elecciones anticipadas, después de la disolución decretada por el gobierno, inicia un nuevo mandato y no se limita a completar el del parlamento disuelto, de la misma manera que el gobierno, aunque haya vencido en las urnas, tampoco completa su propio mandato original, sino que comienza un nuevo período.

Por consiguiente, cuando en el régimen parlamentario funciona el mecanismo: voto de censura al gobierno -disolución del parlamento- elecciones parlamentarias anticipadas, se produce la terminación adelantada del mandato de ambos poderes (legislativo y ejecutivo), para dar paso, luego de las elecciones, a un nuevo mandato.

No ocurre lo mismo con el mecanismo de la disolución del Congreso previsto en la Constitución peruana, pues, como hemos visto, ésta sólo implica la terminación del mandato del Congreso y la elección, que la propia carta denomina «extraordinaria», de un congreso que sólo puede «completar» el mandato del congreso disuelto. En cambio, la posición del Presidente de la República se mantiene inalterable, pues la disolución del Congreso no afecta la duración de su mandato, es decir no implica la realización de elecciones presidenciales anticipadas.

De esta suerte, el mecanismo «voto de censura (o de no confianza) al gobiernodisolución
del Congreso-elecciones extraordinarias del Congreso», solo extingue el mandato de uno de los poderes en pugna (el legislativo), mientras el otro (ejecutiyo) no es afectado y seguirá en funciones después de las elecciones parlamentarias.

Desde esta perspectiva, que fluye claramente del texto constitucional, bien puede afirmarse que « .. .la disolución, a nuestro entender, opera a modo de amenaza frente al Congreso a fin de que éste se avenga a tolerar, llegado el caso, Gobiernos de «mayoría presidencial». De esta forma, la disolución se ofrece como un arma potencialmente eficaz en manos del Jefe de Estado» 34.
 
En este sentido, el reforzamiento de las facultades del Congreso al establecerse el «voto de investidura» para el Consejo de Ministros, es totalmente aparente, pues su efecto es precisamente el contrario, es decir el fortalecimiento del Presidente. Ello ocurre de esta forma, pues en caso de negarse a otorgar la confianza a dos Consejos de Ministros que expresan la política del Presidente, el Congreso será disuelto, sin que ello afecte el mandato del Presidente, lo que ope(a como una poderosa arma de presión para que el parlamento acepte y se avenga con gabinetes de «confianza presidencial».

Esta figura, tiene su antecedente en el poder de disolución del parlamento concedido por la Constitución alemana de 1919 al Presidente del Reich que le sirvió para sostener gobiernos sin mayoría parlamentaria pero «también como instrumento para modelar mayorías a su antojo» 35.
 
Por otro lado, la situación no puede ser otra, es decir la formación de un gabinete sustentado sólo por la mayoría parlamentaria que gobierne contra la voluntad presidencial, pues como se ha observado con acierto « ... de acuerdo al ordenamiento constitucional, el Presidente de la República no sólo es Jefe de Estado sino además Jefe de Gobierno con específicas responsabilidades (artículos 110° y 118°). De tal manera, si sólo se comportara como Jefe de Estado, abandonando sus obligaciones de Jefe de Gobierno, estaría contraviniendo la Constitución» 36.
 
De lo dicho se puede concluir, que en nuestra Constitución, los mecanismos de la responsabilidad política y la disolución del Congreso no conducen, necesariamente, a que el Consejo de Ministros se forme en función a la mayoría parlamentaria, sino a que la mayoría parlamentaria -aun cuando sea opositora- respalde, aun contra su voluntad, los gabinetes «presidenciales», lo que, por supuesto, no sólo establece una diferencia sustancial con el sistema parlamentario sino que implica el reforzamiento de la autoridad presidencial.

 Resulta paradójico que en lugar de perfeccionar el tradicional esquema presidencial que caracteriza nuestra constitución histórica, mediante la depuración de los elementos extraños a este régimen 37, se haya optado por reforzar el poder presidencial mediante la inserción de mecanismos propios del sistema parlamentario que, sin embargo, desprovistos de la función que cumplen en éste al engarzarse armónicamente con los demás mecanismos que lo integran, resultan desnaturalizados al servir para propósitos completamente ajenos a aquellos que les confieren sentido en el régimen al que pertenecen.
 
No otra cosa puede decirse acerca de la facultad de disolver el Congreso, que siendo pieza esencial del régimen parlamentario, injertada en el sistema presidencial sirve para incrementar el poder del Presidente al permitirle prevalecer sobre la mayoría parlamentaria, alterando el equilibrio de poderes. Por ello, el régimen debería ser calificado como "presidencialismo", entendiendo por tal " ... una aplicación deformada del régimen presidencial clásico, por debilitamiento de los poderes del Parlamento e hipertrofia de los poderes del Presidente ... " 38.
 
Por ello, no le falta razón a Fernández Segado cuando, concluyendo su estudio sobre nuestra Constitución afirma enfáticamente que:
 «Las innovaciones introducidas por la nueva Carta del Perú en el ámbito de las relaciones Legislativo-Ejecutivo no creemos que alteren de modo significativo el marco existente en este punto con anterioridad.En efecto, pensamos que puede seguir manteniéndose que el Presidente de la República ostenta el liderazgo ejecutivo sin que por sus actos responda ante el Congreso, que debe entonces llevar a cabo su labor de fiscalización a través de los ministros individualmente considerados o del propio Consejo de Ministros ... » 39.
32 Loewenstein, Kar), op. cit, p. 107.
33 Duverger, Maurice, op. cit., pp. 201-202.
34 Fernández Segado, Francisco, "El nuevo ordenamiento constitucional del Perú" en "La Constitución de 1993, allálisis y comentarios", AA.VV, Comisión Andina de Juristas, Lima,1994, p. 48.
35 Bar, Antonio, op. cit., p. 76.
36 Va1ega García, César, "La responsabilidad política del gobierno" en "La Constitución de 1993, análisis y comentarios". AA.VV. , Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, p. 200.
37 Lo que no implica necesariamente la supresión de- algunos mecanismos de control inter-órganos de origen parlamentario, como el voto de censura y la interpelación.
38 Duverger, Maurice, op. cit., p. 213.
39 Fernández Segado, op. cit., p.47.

jueves, 11 de agosto de 2016

III.-El Poder Ejecutivo Presidencial

a. Las funciones del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros tiene muy pocas, y de escasa importancia, funciones señaladas por la Constitución. Estas son:
a) En la dirección general de la política de gobierno, el Consejo de Ministros apenas posee la atribución de «Deliberar sobre asuntos de interés público» (CP, Art. 125°, nume. 3), sin que la norma constitucional disponga que las conclusiones de dichas deliberaciones sean vinculantes para el Presidente de la República, por lo que debe entenderse que su efecto es meramente consultivo o ilustrativo, quedando el poder decisorio en manos de éste.
Los únicos casos, previstos por la Constitución, en que el consentimiento del Consejo de Ministros es necesario para la validez de la decisión presidencial son los referidos a la declaración de los estados de excepción (emergencia y de sitio) a que se refiere el Art. 137° de la Constitución, la aprobación de los mensajes del Presidente al Congreso (CP, Art. 118°, nume. 7), el nombramiento de Embajadores y ministros plenipotenciarios (Art.118°, nume.12) y el otorgamiento de condecoraciones a nombre de la Nación (Art. 118°, nume. 22).
La Ley del Poder Ejecutivo (Decreto Legislativo N° 560), hace necesario el acuerdo del Consejo de Ministros para que el Presidente de la República designe al Superintendente de Banca y Seguros y a cuatro miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, incluyendo a su Presidente 23. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige dicho acuerdo para la interposición de la Acción de Inconstitucionalidad por parte del Presidente de la República 24.
b) Al Consejo de Ministros se le asigna la «dirección y la gestión de los servicios públicos» (CP, Art. 119°), debiendo señalarse que la Constitución anterior atribuía esta función sólo a los Ministros, (CP, 79, Art. 212°), mientras que la actual la encomienda al órgano colegiado, en forma general, y a cada ministro en los asuntos que corresponden a la cartera a su cargo. Esta función, con ser importante, podría convertir al Consejo de Ministros en cabeza de la Administración Pública, pero no lo hace órgano de gobierno.
c) Para el ejercicio de la potestad reglamentaria la Constitución no requiere acuerdo del Consejo de Ministros, y la Ley del Poder Ejecutivo remite a la ley determinar en que casos dicho acuerdo es necesario 25. En otras palabras, los decretos del Presidente ("supremos" en nuestra tradición normativa) sólo por excepción, esto es cuando la ley expresamente lo prescriba, deberán aprobarse por el Consejo de Ministros, siendo suficiente en la generalidad de los casos el refrendo del Ministro a cuyo ámbito de competencia corresponde la materia regulada, para su expedición y validez.
d) El derecho de iniciativa en materia legislativa es una atribución que el Presidente ejerce con la aprobación del Consejo de Ministros. (CP, Art. 125°, inciso 1).

De la misma manera, el Consejo de Ministros debe aprobar los Decretos Legislativos que el Presidente dicta en uso de la facultad legislativa delegada por el Congreso, así como los Decretos de Urgencia, en materia económica y financiera, cuando el estado de necesidad lo requiera.

b. El rol del Presidente del Consejo de Ministros
La Constitución vigente ha intentado, partiendo, sin duda, del reconocimiento de la falta de una función propia del Presidente del Consejo de Ministros, dotarlo de un perfil más definido y, con ese propósito, ha introducido, a diferencia de las constituciones anteriores, un artículo destinado a fijar sus atribuciones singulares, sin lograr, como veremos, el objetivo deseado, que, por otra parte, resulta imposible en cuanto las funciones de jefe de gobierno están constitucionalmente atribuidas al Presidente de la República.
En ese sentido, el Art. 123°, indica que el Presidente del Consejo puede ser ministro sin cartera, modificando la regla tradicional según la cual presidía el Consejo cualquiera de los ministros, desempeñando ese cargo en adición al portafolio del cual era titular, en condición de «prímus ínter pares». Este precepto, asimismo, le ha fijado las siguientes funciones:
a) Ser el portavoz autorizado del gobierno, «después del Presidente de la República ». De la propia redacción de la norma se advierte, una vez más, el rol subordinado que corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, quien" obviamente, no puede entrar en contradicción con las políticas y decisiones anunciadas por el Presidente, ni arriesgarse a ser contradicho o desmentido adelantándose a éstas sin contar con la anuencia presidencial.
b) Coordinar las funciones de los demás ministros; tarea esta que en la medida que los ministros son ejecutores de las políticas del Jefe del Gobierno, resulta igualmente menoscabada y, en todo caso, limitada a un rol dt( apoyo a la función presidencial, sin capacidad de dirección y orientación propias.
c) Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones señalados por la Constitución y la ley. En este caso, se le atribuye al Presidente del Consejo la función ministerial de refrendar aquellas normas con rango de ley que expida el Poder Ejecutivo y las de rango inferior sólo cuando la Constitución y la ley lo indiquen.
d) Debe concurrir periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas, conforme al Art. 129° de la Constitución que introduce este mecanismo de control sobre el gobierno. No obstante, el mismo precepto permite que esta obligación la asuma otro miembro del gabinete.

c. El rol de los Ministros
Por otro lado, considerados individualmente, a los Ministros se les atribuye, tan solo, «La dirección y la gestión de los serviciqs públicos en los asuntos que competen a la cartera a su cargo» (CP, Art. 119°), lo que traduce la opción constitucional a favor de ministros técnicos y administradores, antes que políticos, condición que los asemeja a los «secretarios» de regímenes típicamente presidenciales como el norteamericano y el mexicano.
A los Ministros se les atribuye la refrendación de los actos presidenciales, sin la cual éstos carecen de validez y se reputan nulos (CP, Art. 120°), exigencia ésta en la que se ha querido ver la expresión de un «poder» ministerial y un mecanismo de control intraorgánico en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, como lo señala Bidart Campos, los actos presidenciales refrendados por los Ministros son «actos complejos desiguales», ya que si bien existe concurso de voluntades, prevalece la del Presidente, porque éste puede remover al ministro que se niegue a la refrendación y reemplazarlo con otro que convenga en ella 26.
 
d. La posición del Consejo de Ministros ante el Presidente de la República
 Del análisis comparativo precedente puede advertirse, con nitidez que el Consejo de Ministros respecto al Presidente de la República es un órgano sin poder propio, subordinado y dependiente de la voluntad presidencial. Las pocas atribuciones que la Constitución y la ley asignan al Consejo de Ministros, y a su Presidente, no son suficientes para equiparar el poder del Presidente de la República, máxime que tomando en cuenta el origen de los Ministros, fruto de la voluntad y confianza presidencial (infra II.l.B.b), resulta difícil pensar en un cuerpo ministerial capaz de contrarrestar la fuerza jurídico-política de que goza el Jefe del Estado.

Puede pues concluirse, dentro de los límites de este trabajo, lo siguiente:
a) El titular del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República. Ni el Consejo de Ministros ni su Presidente tienen en la Constitución peruana la función de dirección y orientación política que es propia del Gobierno y su Jefe, respectivamente. Como ya se ha visto, (supra I.1.B.) esta función está asignada al Presidente de la República, lo que hace de éste, Jefe del Gobierno, además de Jefe del Estado.
b) El Poder Ejecutivo es, por tanto, monista y reside en un órgano unipersonal: el Presidente de la República. Pese a la existencia formal de un Consejo de Ministros, dotado de su propio Presidente, no se configura el poder ejecutivo «dualista», que es propio de los sistemas parlamentarios, porque, estrictu sensu, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros no se encuentran equiparados en poder, sino que el primero prevalece nítidamente sobre el segundo.

11. LAS RELACIONES ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y EL CONGRESO
En lo que viene a significar, aparentemente, su rasgo más típicamente parlamentario, que alienta a algunos a calificar a nuestro régimen como «semi presidencial» o simplemente híbrido, la Constitución de 1993, respetando -y acentuando- una tendencia vigente desde el siglo pasado, ha delineado un esquema de relaciones y controles entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que alcanza su máxima expresión' en la responsabilidad política del Consejo de Ministros y de cada uno de sus integrantes, así como en el derecho del Presidente a disolver el Congreso.

1. La Responsabilidad Política de los Ministros
Como se sabe, en el régimen parlamentario la responsabilidad política del gobierno ante el parlamento es una pieza clave, a tal punto que sin ella no podría hablarse propiamente de un sistema parlamentario. El gobierno precisa de la confianza del parlamento para existir y cesa cuando la pierde, ya sea mediante el voto de censura o la negativa al voto de confianza.
En cambio, en el régimen presidencial, el Presidente carece de responsabilidad política ante el parlamento. No puede ser cesado por el hecho de que su política de gobierno no merezca la aprobación o, peor aún, provoque el rechazo del parlamento.
Como lo señala Loewenstein «Indiferentemente de la opinión que le merezca el presidente y en ciertos casos puede ser muy poco favorable-, el Congreso no podrá destituirle de su cargo» 27.
 
a. El voto de censura y la cuestión de confianza
En la Constitución peruana, se combina la irresponsabilidad política del Presidente de la República, -que sólo puede ser destituído por incurrir en alguna de las infracciones expresamente previstas por el Art. 117°, mediante el procedimiento de la acusación constitucional-, con la responsabilidad política de los ministros 28.
 
Esta responsabilidad puede ser colectiva o individual 29, a tenor del Art. 132° de la Constitución según el cual "El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial" .
Sin entrar ahora en los detalles relativos a los procedimientos parlamentarios mediante los cuales el Congreso ejerce estos mecanismos de control, lo relevante consiste en que el Consejo de Ministros o cada ministro por separado, que es censurado o a quien se niega la cuestión de confianza, debe renunciar y el Presidente está obligado a aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes (CP, Art. 132°). Este último plazo ha sido agregado por la actual Constitución, pues no figuraba en el Art. 226° de la Constitución anterior, y trata de evitar que el Presidente retenga en el cargo al ministro censurado durante algún tiempo mientras expide la resolución que acepta la renuncia.
También, la vigente Constitución ha precisado (CP, Art. 133°) que cuando el Congreso rechaza la cuestión de confianza planteada por el Presidente del Consejo a nombre del Consejo o aprueba un voto de censura en su contra, se produce «la crisis total del gabinete», esto es, que en dicho supuesto todos los ministros están obligados a dimitir, por lo que la suerte política del Presidente del Consejo afecta la de todos los miembros del gabinete.
Acentuando la tendencia a introducir instituciones propias del régimen parlamentario, la Constitución de 1993 ha establecido la obligación del Presidente del Consejo de Ministros de plantear al Congreso la cuestión de confianza al asumir sus funciones, luego de concurrir a exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La concurrencia obligatoria del Consejo de Ministros al Congreso al iniciar su gestión, fue introducida por la Constitución de 1933 (Art. 167°) y preservada en la Constitución de 1979, pero el Art. 224° de ésta precisó que «La exposición no da lugar a voto del Congreso», enfatizando con ello que la formación del Consejo de Ministros era competencia exclusiva del Presidente y no estaba sujeta a un «voto de investidura», es decir a la manifestación de confianza del parlamento como condición necesaria para entrar en funciones.

b. Diferencias con el régimen parlamentario
Hasta aquí las semejanzas, nada desdeñables por cierto, con el régimen parlamentario, que, sin embargo, vistas a la luz del contexto general de las relaciones Gobierno Congreso
establecidas por la Constitución, resultan más aparentes que reales. En particular, hay que resaltar las siguientes diferencias:

 a) La primera, y quizás la principal, es que siendo el Presidente de la República el Jefe del Gobierno, la censura del Consejo o de algún ministro implica hacer responsable de la política de aquel a quien la ejecuta o colabora con ella, pero no a su inspirador y conductor. He aquí la gran diferencia con el régimen parlamentario en el cual el propio Jefe del Gobierno, es decir el Primer Ministro o Presidente del Consejo de Ministros, puede ser alcanzado por el voto de censura o de falta de confianza del parlamento, supuesto en el cual el gobierno es derribado y, con él, su política. En nuestro régimen, así se produzca la crisis total del gabinete, el verdadero Jefe del Gobierno -el Presidente de la República- está fuera del alcance del Congreso y, eventualmente, puede continuar ejecutando la misma política con otros hombres. Como lo anotó muchos años atrás, con gran certeza, Manuel Vicente Villarán «Lo que interesa notar en relación con el Presidente es que la censura le quita ministros, pero no lo priva del derecho de reemplazarlos como quiera. Aplacadas las Cámaras con la caída de los ministros censurados, dejan sin estorbo al Presidente que busque los reemplazos. Con otros ministros, antes y después de las crisis, el Presidente sigue comúnmente su propia política» 30.
b) La segunda, es que el Presidente tiene la facultad de remover libremente al
Presidente del Consejo de Ministros y a los ministros.
El Presidente nombra y remueve al Presidente del Consejo de Ministros y a los ministros, en este caso, a propuesta y previo acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo. (CP, Art. 122°) Sin embargo, la remoción del Presidente del Consejo, decidida por el Presidente de la República, produce «la crisis total del gabinete» (CP, Art. 133°), igual que ocurre cuando aquel es censurado por el Congreso o éste le niega la confianza. Usando esta facultad, puede el Presidente lograr la remoción de todos los ministros, para formar un nuevo gabinete.
El Presidente puede ejercer esta facultad de cambiar o sustituir al gabinete, aun en el caso que éste siga gozando de la confianza del Congreso . Apunta Villarán que el Presidente «No sólo ejercita con independencia su derecho de elegir ministros, sino puede deshacerse de ellos cuando le son incómodos. En este punto nos hallamos a gran distancia del sistema parlamentario. En los regímenes parlamentarios, el gabinete vive hasta que las cámaras le nieguen su apoyo: mientras se lo conceden, su existencia está asegurada. El Jefe del Estado no puede obligarlo a dimitir; su deber es soportarlo aunque le sea ingrato» 31.
Así como el Presidente puede continuar realizando la misma política con nuevos ministros, después que el Congreso censure o niegue la confianza a los anteriores, de la misma manera, puede cambiar de política y de mini'stros, aunque el Congreso siga dispensando a estos su confianza, situaciones ambas que destacan el carácter presidencial del régimen, más allá de la presencia en éste de mecanismos parlamentarios
desprovistos de sus verdaderos alcances y significado.
 
2. El Derecho de Disolución del Congreso
a. Recepción de la disolución en la Constitución peruana
La Constitución de 1979 introdujo en nuestra forma de gobierno, el derecho del Presidente de la República a disolver la Cámara de Diputados, que en el precedente legislativo bicameral fue, a su, vez la rama del Congreso a quien atribuyó la facultad de hacer efectiva la responsabilidad política de los Ministros, bien mediante el voto de censura o bien mediante la negación de la confianza solicitada. El Senado, que carecía de esa facultad, no podía, en cambio, ser disuelto y debía cumplir íntegramente su período.
La disolución de la Cámara de Diputados estaba sujeta a ciertas condiciones, la
principal de la cuales era que sólo resultaba legítima después que dicho cuerpo legislativo hubiera censurado o negado la confianza a tres Consejos de Ministros. Además, el Presidente sólo podía disolver el Congreso una sola vez durante su mandato y en ningún caso durante el último año de éste ni durante los estados de sitio ni de emergencia. La nueva Cámara de Diputados debía ser elegida, dentro de los treinta días siguientes a la disolución, pero sólo para completar el período de la cámara disuelta.
 
23 Decreto Legislativo N° 560, Art. 2°, incisos 3 y 4.
24 Ley N" 26435, Art. 27°.
25 Decreto Legislativo N° 560, Art. 3°, inciso 2.
26 Vid. Bidart Campos, Germán, op. cit, p. 154 Y Quiroga Lavié, Humberto, "Derecho Constitucional", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 822.
27 Loewenstein, Karl, op. cit., p. 133.
28 El voto de censura a los Ministros que los obliga a dimitir fue establecido por el Art. 1330 de la Constitución de 1920. 'Sin embargo, había sido introducido en nuestro sistema político por la Ley de Ministros de 1862.
29 ¡bid., p. 107.
30 Manuel Vicente Villarán, "Anteproyecto de Constitución de 1931, Exposición de Motivos", Talleres Gráficos P.L. Villanueva, Lima, 1962, p. 49. 31 Ibid, p. 48.